La última vuelta de tuerca contra la igualdad de género en forma de reforma de las pensiones

No Nos Resignamos nos facilita el siguiente análisis (añadimos aporte de los compañeros de Prometeo. León):

Una de las medidas más dañinas para las pensiones de jubilación entre las planteadas por el anteproyecto aprobado por el Consejo de ministros el viernes 28/1/2011 es el aumento del número de años utilizados para el cálculo de la base reguladora (BR) del importe de la pensión. Tendrá efectos negativos sobre la gran mayoría de las nuevas pensiones y su repercusión será especialmente intensa sobre las personas que han logrado mejorar poco a poco sus retribuciones, en vez de ocupar siempre puestos altamente remunerados.

Actualmente, la base reguladora de la pensión se calcula utilizando los quince años anteriores a la jubilación. Ahora se propone elevar ese período hasta alcanzar los 25 años. El efecto de ese cambio en el sistema de jubilación sería reducir gran parte de las nuevas pensiones, objetivo real de la medida. Se estima que un 70% de las personas que se jubilen obtendrían menor pensión con el método de cómputo propuesto.

Además este acuerdo presenta como mejora un auténtico retroceso en los derechos de las mujeres. La reforma establece que las mujeres que interrumpan su vida laboral para dedicarse al cuidado, se le computará como tiempo cotizado. Es la “excusa perfecta” para que las mujeres vuelvan al hogar. Frente a la lucha del feminismo porque la conciliación de la vida familiar y laboral sea compartida entre hombres y mujeres, por la incorporación de las mujeres al empleo en condiciones de igualdad y por romper con la división sexual del trabajo, regresa la tradición del rancio machismo en forma de “ventaja” si se vuelven a casa a cuidar.

Según el documento “UGT contra el retroceso en la protección social de los trabajadores”, de la Secretaría de Política Social, UGT-CEC, Gabinete Técnico Confederal, “Aumentar el periodo de cálculo a 20 años supondría una reducción de la pensión media de más del 3,5%.

Según el documento “El futuro de las pensiones”, de la Secretaría Confederal de Política Social, UGT-CEC, “la ampliación de 15 a 25 años supondría una reducción media de la cuantía de la pensión de más del 5%”.

¿Por qué esta reducción? Para la mayor parte de las personas, aunque no todas, hay una tendencia a la mejora de sus base de cotización, ya sea por mejora de su situación laboral  o por el incremento de retribuciones en concepto de antigüedad. Por tanto, las personas que durante los 25 años anteriores a su jubilación hayan ido mejorando sus bases de cotización,
gracias a la promoción profesional y a los complementos de antigüedad, tendrán pensiones inferiores a las que tendrían con la regulación vigente.

Otra consecuencia de esta medida es que aumentaría el número de personas con algunos meses sin cotizar durante el período de cómputo (podrían ser hasta 120), lo que tiene un fuerte efecto sobre la pensión al contar como meses de cotización cero.

Además, debe tenerse en cuenta que para las personas que no alcancen los 37 años cotizados la reorganización de la escala de penalizaciones según el número de años cotizados también significará, según lo propuesto en el anteproyecto, reducciones muy importantes, incluso del 9%.

Esta modificación a la baja del importe de las pensiones cobra especial importancia en España, dado el bajo importe medio de las pensiones de jubilación en comparación con los países europeos más avanzados, respecto a los que también tenemos una menor tasa de remplazamiento, concepto que compara el poder adquisitivo de una persona que se jubila con el que tenía antes de jubilarse.

Los partidarios de esta medida alegan que su impacto será gradual al articularse mediante una fase de transición hasta llegar a los 25 años en 2022. No por ello deja de ser un recorte que empezaría a aplicarse en 2013 y cuyos efectos irán creciendo. Además, como demuestran las sucesivas reformas que se han ido produciendo, dentro de algunos años las élites políticas y económicas volverán a pedir un nuevo recorte, por ejemplo el cómputo sobre toda la vida laboral.

También alegan que la ampliación del período de cómputo ayudaría a las personas que han visto rota o empeorada su situación laboral algunos años dentro del actual período de cómputo. Evidentemente, no puede excluirse que haya personas a las que les venga mejor el cómputo por 25 años que el cómputo por 15 años, pero su situación, que debe solucionarse, no puede ser excusa para imponer un empeoramiento generalizado, cuando el caso particular de esas personas podría tratarse con medidas específicas justas, como, por ejemplo, la posibilidad de elegir los 15 años a computar entre los 25 años anteriores a la jubilación.

Recomendamos lectura de texto ampliado, incluyendo alguna tabla, en:
http://www.nonosresignamos.net/pasquin02.pdf

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