Queridas amigas y amigos, os pasamos un informe sobre la reunión mantenida el 8 de julio con la Ministra de Igualdad, en la que hicimos entrega de las firmas llegadas hasta ese momento y presentamos el contenido de la carta. Heterodoxia estuvo en esta delegación que se entrevistó con la Ministra, con la presencia de Chema Espada.
INFORME REUNIÓN CON BIBIANA AÍDO
Queridas amigas y amigos, el 8 de julio la Ministra de Igualdad, doña
Bibiana Aído, recibió a una delegación (*) de personas firmantes de la carta
en que solicitábamos su intervención para lograr la modificación de la
restrictiva legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Nuestro objetivo y misión no era tanto conocer las intenciones del Gobierno,
posiblemente aún no definidas, sino influir sobre ellas transmitiéndole la
demanda de 1.100 feministas, profesionales de la salud, la educación y el
trabajo social, creadoras y creadores culturales, jóvenes, sindicalistas y
personas de las más diversas profesiones y puntos de vista.
Presentamos las adhesiones recogidas por esta iniciativa y un resumen de lo
planteado en la carta, resaltando la urgencia de que la IVE se aborde como
derecho y no como delito, desde el punto de vista de su regulación sanitaria
y fuera del código penal, así como la necesidad de que sea una efectiva
prestación sanitaria pública accesible en todos los territorios.
En posteriores intervenciones, resaltamos a título particular, aunque
creemos que siempre de forma acorde con nuestras aspiraciones comunes,
varios aspectosŠ
* Inquietud por los rumores de que una ampliación parcial de la ley podría
hacerse a costa de restringir algunos de los supuestos actualmente vigentes
(especialmente el de grave riesgo para la salud mental). Aunque se nos
indicó que esa opción no estaba contemplada, El País del 11 de julio
atribuía a medios gubernamentales la idea de que ese supuesto, actualmente
no sometido a plazo alguno, pasase a tener un plazo de 22-24 semanas. No hay
que convertir esa noticia en hecho confirmado, pero conviene mantenerse en
alerta frente al riesgo de que el derecho a decidir se amplie por un lado
pero se recorte por otro. La nueva ley debe ser un avance sin retrocesos.
* Preocupación por la ambigua referencia desde medios gubernamentales a un
“consenso social”, ya que si se piensa en un acuerdo con sectores contrarios
a la libre elección una reforma progresista no sería posible, como no lo
habrían sido varias de las reformas de la legislatura anterior. Se insistió,
por tanto, en el que el verdadero consenso social no requería el 80-90% de
los votos parlamentarios, sino que residía en la obligación del Gobierno y
del Parlamento de garantizar los derechos de cada persona y de resolver los
problemas sociales que afectan a sectores, mayores o menores, de la
población. El mejor consenso social es que cada persona reciba un trato
justo en aquello que le afecta. Por otra parte, un reciente sondeo indica
que hay clara mayoría partidaria de que se reforme la legislación sobre IVE.
* Incorporación de la IVE a las prestaciones efectivas de la red sanitaria
pública. Estando de acuerdo ambas partes en que, según las circunstancias,
la prestación pública podría realizarse en centros públicos o concertados,
insistimos en que era necesario normalizar su realización en centros
públicos, tanto para ampliar las opciones existentes como para emitir un
mensaje de normalización social y evitar que los centros públicos o
concertados en que se realicen las IVE sigan siendo víctimas de un estigma
reaccionario que hace de ellos y de sus profesionales objeto preferente de
todo tipo de agresiones. Nos interesamos también por los planteamientos que
el Gobierno pudiera tener sobre la denominada “objeción de conciencia”.
* Preocupación por las persecuciones sobre la base de acusaciones infundadas
o por haberse autoinculpado de forma solidaria. Apoyando y reclamando
acciones inmediatas para poner fin a estas situaciones, hicimos ver que era
extrordinariamente difícil garantizar la confidencialidad y la seguridad
jurídica en el marco de una ley que establece que la IVE es un delito salvo
circunstancias extraordinarias que una denuncia malintencionada puede poner
en cuestión y convertir en asunto judicial. Esta dificultad parece
confirmarse por las noticias sobre un decreto en preparación por el
Gobierno, cuyas líneas generales se orientarían a la protección de los datos
por parte de los centros sanitarios, cuando los problemas a los que nos
estamos refiriendo derivan de actuaciones policiales y judiciales, no de
irresponsabilidades de los centros. Por tanto, hicimos ver la extrema
urgencia de la reforma de la legislación sobre IVE, que debe ser máxima
prioridad de esta legislatura.
Por parte de la Ministra, a quien agradecimos su pronta respuesta, y de las
dos personas de su equipo que la acompañaban (Nuria Varela e Isabel
Martínez) recibimos un trato muy cordial y constatamos que también están
preocupadas por la situación y consideran necesaria una reforma legislativa,
aunque, como era de esperar en esta fase, no presentaron -ni pedimos, pues
no fuimos a informarnos sino a reivindicar- un modelo preciso para las
líneas generales de esa reforma, en la que nos dijeron que trabajarán de
forma interministerial (Justicia, Sanidad, Igualdad) y quizá a través de
consultas con personas expertas. Respecto a eso les indicamos que entre las
personas firmantes muchas sois profesionales de la salud, especialistas en
género, activistas por los derechos de las mujeres, etc., y que sin duda
podréis aportar muy sólidos argumentos si hay ocasión.
Nos transmitieron también lo aprobado al respecto por el Congreso del PSOE:
“Consideramos que es necesaria la revisión y actualización de la legislación
sobre el aborto tras 23 años de su entrada en vigor, por los profundos
cambios sociales y médico-científicos que han tenido lugar durante esta
etapa y los avances logrados en materia de los derechos de las mujeres.
Apoyaremos la revisión y la elaboración de una nueva ley que recoja las
experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos.
Desde el Partido Socialista defendemos tres criterios fundamentales en esta
materia: la equidad territorial en la prestación de este servicio que debe
estar incluido en la red sanitaria pública o concertada, garantizando la
accesibilidad; la seguridad jurídica y el respeto a los derechos
fundamentales de las mujeres y de los y las profesionales que las atienden,
y el respeto a la voluntad de las mujeres y al derecho a decidir sobre el
control de su maternidad.”
Potencialmente es un claro paso adelante respecto a lo figuraba en el
programa electoral del PSOE, aunque no pueda deducirse de ese texto un tipo
de reforma legislativa determinada, pero nada está aún decidido, teniendo la
palabra definitiva el Parlamento y siendo decisiva la postura que tome el
Grupo Socialista, pues no parece que deba haber problema para que una
reforma progresista cuente con mayoría absoluta, ya que al menos ERC, BNG,
IU e ICV son favorables a la reforma de la legislación y sus grupos
parlamentarios han presentado ya dos proyectos.
Creemos que hay muchos indicios de que en esta legislatura habrá reforma,
pero hay que asegurar que así sea e influir sobre su contenido para que sea
lo más avanzada posible. Por tanto, es conveniente que, especialmente a
partir de septiembre, mantengamos e intensifiquemos las actividades para que
se reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad sin ser
tratadas como delincuentes cuando optan por la interrupción voluntaria del
embarazo. La entrega de las firmas a Bibiana Aído es sólo un jalón en la
plural hoja de ruta de acciones hacia una legislación mejor que la actual.
La movilización de la sociedad civil es necesaria para convencer a quienes
duden y contrarrestar las presiones de signo contrario que pueda haber.
Siguen llegando firmas, de vez en cuando enviaremos al ministerio la lista
actualizada. En todo caso, podríamos hacer de esta lista un canal de
información sobre todo tipo de ideas e iniciativas en torno a los objetivos
que nos han unido.
(*) DELEGACIÓN. La mejor delegación habría estado formada por todas las
personas que firmamos la carta, pero eso no era posible. Por tanto, cuando
muy a finales de junio recibimos cita para el 8 de julio, pensamos que un
criterio razonable y rápido era delegar en las mismas diez personas que, al
poco de iniciarse la recogida de firmas, enviaron la carta al ministerio de
Igualdad solicitando que recibiese a una delegación: Elena Arnedo, médica,
fundadora de los primeros centros de planificación familiar en España y ex
concejala del Ayuntamiento de Madrid; Altamira Gonzalo, presidenta de
Themis; Justa Montero, de la Coordinadora Estatal de Organizaciones
Feministas; Beatriz Gimeno, escritora y vocal de la FELGTB; María Jesús
Matilla, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid; Luis Antonio de
Villena, escritor; José María Espada, coordinador de Heterodoxia, red de
hombres por la igualdad; Isabel Gutiérrez, fundadora de la asociación
Nosotras Mismas; Enrique del Olmo, coordinador de la asociación No Nos
Resignamos; Toñi Ortega, del colectivo Nosotras No Nos Resignamos.
La fecha de la reunión impidió la presencia de una de estas personas, y un
atraso en la hora de su realización por un compromiso ineludible de última
hora de la Ministra impidió la de otras cuatro que tenían intención de
participar pero que no pudieron a la hora definitiva. Se sumaron a la
delegación dos de las personas más activas del equipo de coordinación de
esta iniciativa, Marta Cárdaba y Manuela Fernández, que han actuado como
portavoces de ella en varias ocasiones.
iniciativa POR EL DERECHO A DECIDIR
carta a Bibiana Aído
http://www.nonosresignamos.net/derechoaborto.htm
