Las 31 clínicas de ACAI consideran que se han visto abocadas a tomar esta decisión ante el acoso sistemático al que se están enfrentando. Una postura que también avalan las clínicas Dator y Mediterránea Médica entre otras. El cierre se está realizando desde el día 8 hasta el 12 de enero dado que las autoridades sanitarias no garantizan la seguridad jurídica de los/as trabajadores/as y el ejercicio del derecho al aborto a las mujeres que acuden a estos centros. Heterodoxia muestra su solidaridad y apoyo y os invita a suscribir el siguiente manifiesto.¿Qué está ocurriendo?
Las inspecciones abusivas, tanto en tiempo como en forma, cuyo objetivo pasa por encontrar la mínima deficiencia formal que asegure un cierre cautelar, la divulgación de datos no demostrados y de filtraciones
interesadas sobre aspectos tales como el tratamiento de residuos, el cuestionamiento permanente de los dictámenes de los psiquiatras, o la utilización de medios ilícitos que atentan contra la intimidad de las
personas están desprestigiando la labor de los/as profesionales que durante más de veinte años están dando cobertura a una prestación sanitaria básica. Una prestación reconocida por un Sistema Nacional de
Salud que ha tenido que recurrir a las clínicas privadas, que primero autoriza y luego persigue, para hacer frente a la demanda anual de más de 90.000 mujeres.
Por todo ello la Junta Directiva de ACAI ha constituido una Comisión que solicitará distintos encuentros con los titulares de la Consejería y la Dirección General de Sanidad en aquellas comunidades autónomas donde los/as profesionales no puedan realizar libremente su trabajo. En Madrid, la comunidad más afectada, la Comisión solicitará de las autoridades mencionadas.
Asimismo, ACAI ha solicitado ya un encuentro tanto al Defensor del Pueblo, como al Ministerio de Sanidad y a la Fiscalía General del Estado, con la clara intención de pedir amparo y protección para la actividad de sus clínicas. Y en último caso para evitar que las mujeres de este país tengan que abortar en presencia de un juez y con asistencia de su abogado. Por otra parte, ACAI se dirigirá a los grupos parlamentarios de las
distintas fuerzas políticas para hacerles llegar sus posiciones en torno a una posible reforma de la ley, que necesariamente deberá pasar por la articulación de una ley de plazos, que no cuestione un derecho sexual y
reproductivo básico de la mujer como es el derecho a tener o no tener hijos/as. Derecho reconocido de tal forma por la Comunidad Internacional.
Una ley que concluya, asimismo, con la ambigüedad que hasta ahora permite las situaciones de abuso que los centros acreditados vienen sufriendo.
Nota: Para ampliar esta información podéis contactar con Eva Rodríguez
Armario, Presidenta de ACAI, 699 08 81 18.
- Manifiesto de apoyo a la ACAI:
Desde este comunicado, ACAI y las organizaciones que han querido apoyar esta iniciativa, queremos manifestar nuestra solidaridad con las mujeres, las autenticas víctimas de los registros, las inspecciones, el cruce de acusaciones, la difamación, las actividades ilícitas, el silencio…Porque son las miles de mujeres de este país, las que ven cuestionado, de nuevo, el ejercicio de un derecho legítimo como es la libertad, la voluntad de tener o no tener hijos/as.
Con estas palabras queremos asegurar a estas mujeres que nuestro esfuerzo por hacer posible su derecho va a continuar, como lo hemos venido haciendo desde hace ya más de veinte años, desde la profesionalidad, la seguridad, desde la tan cuestionada legalidad, desde el movimiento social, feminista, desde la incidencia política, la investigación…Desde las mismas bases que un día sentaron los pilares de un derecho que no debería volver a ser cuestionado.
Para poder defender este derecho sexual y reproductivo básico de las mujeres es necesario volver a repensar un ley que, por ambigua, está dando lugar a situaciones de acoso y persecución contra los/as profesionales que han venido posibilitando el recurso al aborto en este país durante 22
años. Por ello pedimos a las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, a la judicatura, a los colectivos de profesionales…que marginen sus prejuicios ideológicos y aúnen esfuerzos por definir un nuevo marco legal que evite la conculcación de derechos y el abuso de poder.
Abogamos por tanto por una reforma de la ley, que necesariamente deberá pasar por la articulación de una ley de plazos, que no cuestione una prestación sanitaria básica, reconocida por nuestro Sistema Nacional de
Salud, como es el recurso al aborto. Una ley que además aporte a los/as profesionales de los centros autorizados para la interrupción del embarazo la seguridad jurídica, que les es debida, para el ejercicio de su trabajo, a ellos/as y a las mujeres que les confían su intimidad, su seguridad, su salud…
Para ACAI y para las organizaciones que apoyan esta iniciativa el aborto no es sino un elemento más de la salud sexual y reproductiva por eso consideramos que es imprescindible que se retome con seriedad y rigor un elemento tan fundamental del ordenamiento social como es la educación sexual de los/as jóvenes y adolescentes, incluyendo esta materia como asignatura curricular del sistema educativo. Imprescindible que además potenciemos políticas de educación sexual y reproductivas específicas para el colectivo de inmigrantes que cuentan con características y peculiaridades diferenciadas.
Que con seriedad y rigor se posibilite la financiación “real” de los distintos métodos anticonceptivos y se potencie la creación de centros de planificación familiar que alcancen a todos los estratos de población,
según sus necesidades específicas.
Por todo esto ACAI y las organizaciones que se suman a este manifiesto piden a la Administración, fuerzas políticas y a autoridades gubernamentales que:
1. Se respete el derecho de las mujeres a recurrir al aborto, como prestación sanitaria básica, dentro de la legalidad vigente.
2. Que se garantice la seguridad jurídica de los/as profesionales que posibilitan el recurso al aborto en este país desde hace más de 20 años.
3. Que las fuerzas políticas posibiliten un consenso necesario para reformar una legislación que no cubre la demanda social existente en nuestra sociedad.
